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Ley de Segunda Oportunidad

Ley de Segunda Oportunidad

Conoce nuestro servicio L2O, tus deudas tienen solución.

¿Te encuentras en una situación de bloqueo económico debido a las deudas que no has podido saldar? ¿Te gustaría salir de este sobreendeudamiento y continuar con tu vida? Ahora gracias a la Ley de Segunda Oportunidad puedes cancelar tus deudas y empezar de nuevo una vida libre de cargas. ¿Suena bien? Conoce nuestro servicio L2O creado especialmente para ti.

En RCG abogados contamos desde hace 3 años con un equipo de abogados especializados en la Ley de Segunda Oportunidad y tenemos una tasa de éxito del 100% ayudando a nuestros clientes a cancelar sus deudas. Rellena el formulario y cuéntanos tu caso. Nosotros te asesoramos sin ningún tipo de compromiso.

¿Qué es la Ley de Segunda Oportunidad?

La Ley de Segunda Oportunidad (Ley 25/2015 del 28 de julio) permite que particulares o autónomos tengan la posibilidad de llegar a un acuerdo de pago acorde a su situación. Si no es posible negociar de nuevo las condiciones con los acreedores, se puede conseguir la cancelación de todas las deudas pidiendo el Beneficio de la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI).

¿Cómo puede ayudarte nuestro Servicio L2O a salir del bloqueo económico?

Hasta ahora, en España, la Personas Físicas respondían de por vida de sus deudas y lo hacían respondiendo con su patrimonio (ahorros, vivienda, vehículos, nóminas) y las empresas solo tenían la oportunidad de declarare en banca rota. Esto ha cambiado. Nuestros abogados estudiarán tu caso y te ayudarán a solicitar un procedimiento de segunda oportunidad para que puedas conseguir la liberación de la deuda y con ello conseguirás:

  • Paralizar los intereses.
  • Desaparecer de los listados de morosidad.
  • Poder volver a pedir financiación.
  • Volver a tener tarjetas de crédito.
  • Empezar una nueva vida.

Requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad:

  • Demostrar que no se tiene patrimonio para hacer frente a las deudas.
  • La obligación total de las deudas no puede superar los 5 millones de euros.
  • Demostrar la buena fe del deudor.

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