Todos estábamos pendientes del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el índice IRPH, principalmente con la finalidad de que aclarase si este índice está sujeto o no a la directiva 93/2013 y, por tanto, si procede o no analizar su abusividad por parte de los Tribunales españoles.

Dicho pronunciamiento ha llegado y en él se devuelve a los consumidores la protección que anteriormente fue negada por el Tribunal Supremo.

El TJUE permite el control del carácter abusivo de estas cláusulas y obliga a los jueces nacionales a examinar, caso por caso, que la cláusula de un contrato impuesta al consumidor sea clara y comprensible.

 

De manera que, las entidades, deberán acreditar para superar este control de transparencia:

– Que explicaron de manera detallada y comprensible el referido índice a los consumidores, así como su sistema de evolución y forma de seguimiento.
– Que explicaron al consumidor las consecuencias económicas y jurídicas del referido contrato, así como la carga financiera a la que se somete.
– Que explicaron, mediante la aportación de simulaciones y evoluciones constantes, los riesgos asociados a este índice de referencia.
– Que se proporcionó al consumidor la información precontractual suficiente como para que éste conociese, de forma REAL, las consecuencias económicas de dicho contrato.
Una vez declarada la nulidad de la referida cláusula por abusiva, podríamos encontrarnos con los siguientes efectos:
– Que el contrato subsista sin la cláusula de tipo de interés variable. Lo que implicaría que el prestatario devolvería a la entidad el capital prestado pero sin intereses.
– Que se determine que el contrato no puede subsistir sin la cláusula relativa al tipo de interés, en ese caso:

a) Primero se consultará al prestatario si está de acuerdo con anular el contrato (normalmente esto no ocurrirá porque sería muy perjudicial para el prestatario).
b) Si el consumidor no acepta la nulidad del contrato, se solicitará la sustitución del IRPH por otro índice legal aplicable. Deberán estar de acuerdo ambas partes, de no haber acuerdo, el juez nacional será quien fije el nuevo índice de referencia.

Implicando, en ambos casos, la condena a la entidad financiera a RESTITUIR AL PRESTATARIO, CONSUMIDOR Y USUARIO, LOS INTERESES ABONADOS EN EXCESO como consecuencia de la aplicación de la cláusula cuya nulidad ha sido declarada.

Puedes ampliar la información de las consecuencias de esta sentencia en nuestro post de devolución de intereses indebidamente cobrados en tarjetas revolving.